Al menos 5,300 familias de la Sierra Tarahumara han sido forzadas a abandonar sus comunidades desde 2022 a causa de la violencia generada por el crimen organizado. De acuerdo con los registros de la Comisión Estatal de Desplazamiento Forzado Interno de Chihuahua, los habitantes han huido ante amenazas directas, despojos, homicidios y la quema de sus viviendas, buscando refugio en otros municipios del estado.
Guadalupe y Calvo: el municipio más afectado
El impacto de este fenómeno se concentra de forma alarmante en el sur de la entidad. Guadalupe y Calvo encabeza las cifras de éxodo poblacional; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de habitantes en ese municipio descendió de 50,514 en 2020 a 39,496 en 2025. Esto significa que la localidad ha perdido a más de 11,000 personas, aproximadamente uno de cada cinco de sus residentes.
La violencia ha dejado completamente vacías a unas 19 comunidades rurales y rancherías en ese municipio. Los desplazamientos más recientes ocurrieron en los poblados de Huerta de los Carrillo y Los Otates, donde un enfrentamiento armado documentado a principios de noviembre forzó a más familias a salir de manera urgente.
Además de Guadalupe y Calvo, las autoridades estatales también reportan el desplazamiento de cientos de familias de los municipios de Moris, Uruachi y Guazapares.
Destinos de refugio y dificultades de adaptación
Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, presidenta de la Comisión Estatal de Desplazamiento Forzado Interno, explicó que las familias huyen principalmente por el miedo a perder la vida y se trasladan a ciudades como Hidalgo del Parral, Chihuahua capital, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi y Madera.
Sin embargo, el arribo a estas ciudades genera nuevos retos para las personas afectadas. En Parral, por ejemplo, el área de Vinculación Educativa reportó que decenas de niños desplazados se incorporaron recientemente a las escuelas locales, lo que incrementó la demanda de uniformes e insumos. Paralelamente, los adultos enfrentan serias dificultades para emplearse o costear el pago de rentas, ya que en muchas ocasiones carecen de las credenciales para los puestos disponibles, pese a las jornadas de empleo que se les acercan institucionalmente.
Implicaciones del control territorial
La disputa criminal en el sur de Chihuahua obedece al control de zonas de cultivo de enervantes y rutas de traslado. José Carlos Hernández Aguilar, presidente emérito de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, señaló que el abandono de comunidades resulta estratégico para las células delictivas.
El especialista indicó que las organizaciones armadas aprovechan los territorios y las viviendas abandonadas para establecer casas de seguridad, operar laboratorios clandestinos y mantener el cultivo de drogas, consolidando así el control de las zonas serranas mientras la población originaria pierde sus actividades agrícolas y vínculos sociales.
Ante esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua mantiene expedientes abiertos por desplazamiento forzado interno, mientras las autoridades de los municipios receptores buscan estrategias para brindar atención de primera necesidad a los contingentes que continúan llegando a las áreas urbanas.
