Durante la audiencia de formulación de imputación en contra del ex fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, el Ministerio Público reveló los informes periciales que detallan el trágico siniestro ocurrido en la Sierra Tarahumara. En el fondo de un barranco, autoridades procesaron la escena donde perdió la vida el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, junto a otro agente operativo y dos ciudadanos de nacionalidad extranjera.
Los datos de prueba expuestos este domingo ante el juez Luis Alberto Simental reconstruyen paso a paso las circunstancias geográficas, operativas y climáticas que rodearon la fatal volcadura. De acuerdo con las evidencias presentadas en el tribunal, la camioneta en la que viajaba el alto mando policial cayó al vacío y terminó envuelta en llamas tras una explosión alimentada por bidones de combustible que eran transportados en la unidad.
El retorno del convoy y la caída al vacío
Según el informe policial homologado elaborado por los agentes César Alejandro Vázquez Unzueta y Javier Gerardo Méndez Montes, las operaciones en la región serrana culminaron el 18 de abril a las 17:00 horas. En ese momento, el personal que se encontraba concentrado en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, recibió la instrucción oficial de iniciar el repliegue estratégico y regresar a la ciudad de Chihuahua.
Para el traslado se organizó un convoy compuesto por nueve unidades oficiales. La caravana avanzaba por la compleja orografía de la región encabezada por un vehículo táctico blindado tipo Black Mamba, seguido inmediatamente por la camioneta asignada al director Oseguera Cervantes. Sin embargo, las condiciones de la ruta presentarían un desafío insuperable durante la madrugada.
Aproximadamente a la 1:50 horas del 19 de abril, cuando el convoy transitaba a un kilómetro de la comunidad de Polanco, en el municipio de Batopilas —sobre el camino que conduce hacia Guachochi—, la unidad en la que viajaba el mando policial perdió el control, salió de la estrecha vía de terracería y se precipitó hacia un profundo barranco. Ante la emergencia, los agentes de las demás unidades detuvieron su marcha y descendieron a pie cerca de 200 metros por la pendiente para intentar brindar auxilio, pero al llegar al fondo encontraron el vehículo envuelto en un incendio de grandes proporciones.
Procesamiento pericial en condiciones extremas
La lejanía de la zona, sumada a las complejas condiciones geográficas y de seguridad, obligó a tomar decisiones inmediatas sobre el procesamiento de la escena. Dado que los equipos periciales especializados más cercanos se encontraban a un estimado de seis horas de distancia, la responsabilidad del procesamiento del lugar recayó en el agente Edgar Tomás Ontiveros Calzadillas, un oficial de la AEI con seis años de experiencia probada como perito criminalista.
Las labores forenses se desarrollaron en un horario crítico, entre las 3:00 y las 7:10 horas. El informe detalla las condiciones extremas del entorno: un camino de terracería con pendientes sumamente pronunciadas, carriles tan estrechos que apenas permitían el paso de un solo vehículo, y una visibilidad casi nula exacerbada por el denso polvo que levantaba el convoy al circular.
En el costado izquierdo del camino, el perito documentó daños en la maleza y marcas de arrastre en declive directo hacia el fondo del barranco, donde fluye un arroyo. Fue en ese punto exacto donde se localizó el vehículo calcinado. La escena era de alto riesgo; el documento oficial consigna que, debido a las intensas temperaturas del incendio, múltiples cartuchos útiles continuaban detonando ("explotando") mientras los agentes aseguraban el perímetro. El área, carente de acordonamiento formal dadas las circunstancias tácticas, fue resguardada por elementos de la AEI bajo iluminación artificial y escasa.
Identificación de las víctimas y aseguramiento de indicios
El minucioso escrutinio de la zona permitió la localización de cuatro cuerpos sin vida, así como de armamento táctico y diversas pertenencias esparcidas por el impacto.
- Primer cuerpo: Identificado como el agente Manuel Genaro Méndez Montes. Fue encontrado boca arriba sobre la terracería del arroyo. Vestía equipo táctico compuesto por playera negra, pantalón operativo caqui y botas. Presentaba escoriaciones y hematomas severos. Junto a él se embaló una pistola Glock 34.
- Segundo cuerpo: Correspondiente al director Pedro Román Oseguera Cervantes. Quedó tendido boca arriba entre rocas y tierra. Portaba playera táctica azul con las insignias oficiales de la AEI, pantalón caqui y botas beige. El reporte médico forense destacó lesiones graves en la zona del cráneo derivadas del impacto.
- Tercer cuerpo: Localizado debajo del chasis retorcido del vehículo, en un estado que inicialmente dificultó la determinación de sus características físicas inmediatas.
- Cuarto cuerpo: Un hombre recostado sobre su perfil izquierdo, quien vestía una playera negra, pantalón azul y calcetines oscuros.
Como parte de la evidencia balística, los peritos aseguraron en el lugar una pistola Glock 34 calibre 9 milímetros con su respectivo cargador, un arma larga de fabricación estadounidense y un fusil calibre 5.56 x 45 milímetros. Una vez concluidas las diligencias iniciales de levantamiento, los restos mortales fueron extraídos del barranco, trasladados por tierra hasta el municipio de Guachochi, y posteriormente movilizados por vía aérea hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad de Chihuahua para las necropsias de ley.
Las implicaciones legales y presencia de extranjeros
El caso ha trascendido la esfera del accidente de tránsito para convertirse en una compleja investigación judicial que involucra a la anterior administración de procuración de justicia. Durante el proceso de identificación, personas cercanas a los dos hombres estadounidenses fallecidos rindieron declaraciones ministeriales. Indicaron que, según la información proporcionada por las propias autoridades mexicanas, la tragedia derivó de una volcadura en un camino en malas condiciones, mencionando la poca visibilidad y la falta de precaución como factores detonantes.
No obstante, la presencia de estos ciudadanos extranjeros en un convoy oficial de alta seguridad es el eje de la acusación formal. Al ex fiscal César Jáuregui Moreno se le imputan los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La representación social sostiene que Jáuregui ordenó y coordinó directamente la participación de personas de nacionalidad extranjera en este operativo de alto impacto en la Sierra Tarahumara, operando sin la debida autorización del gobierno federal correspondiente y, posteriormente, intentando ocultar esta información a las instancias de control e inteligencia.
El desarrollo de esta audiencia marca un precedente en la fiscalización de los operativos de seguridad en el estado, exponiendo las severas condiciones a las que se enfrentan los cuerpos policiales en la geografía chihuahuense, así como los presuntos vacíos administrativos y legales en las cadenas de mando institucionales.
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