La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) abrió un espacio fundamental para el análisis y la reflexión sobre la inclusión social y la pluralidad durante las actividades de la XXIII Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este marco, académicos, estudiantes y especialistas se congregaron para discutir los retos que enfrenta el Estado en materia de derechos humanos y diversidad cultural.
Uno de los momentos más destacados de la jornada de este miércoles fue la participación de la destacada investigadora y promotora de la educación indígena, Edith Díaz, quien presentó la ponencia magistral titulada “Pueblos originarios y políticas públicas en Chihuahua”. Durante su intervención, la académica delineó los desafíos estructurales e institucionales que deben superarse para garantizar una verdadera equidad para las comunidades indígenas de la región.
La construcción de una gobernanza intercultural
El eje central de la exposición de Edith Díaz giró en torno a la necesidad urgente de transitar hacia un modelo de gobernanza intercultural. Este concepto, que va mucho más allá del simple asistencialismo estatal, propone un esquema donde las políticas públicas no sean impuestas desde los escritorios gubernamentales, sino construidas de la mano con las propias comunidades.
Díaz enfatizó que una gobernanza efectiva debe garantizar el diálogo horizontal, la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus territorios y modos de vida, y un respeto irrestricto a sus derechos colectivos. La investigadora advirtió que las políticas diseñadas sin consultar a los pueblos originarios suelen fracasar porque carecen de pertinencia cultural y desconocen las realidades geográficas y sociales de la Sierra Tarahumara y otras regiones del estado.
El mosaico cultural de México y Chihuahua
Para dimensionar la importancia de este enfoque, la investigadora expuso un panorama demográfico y lingüístico de la nación. Señaló que México es reconocido a nivel global por su inmensa diversidad, contando actualmente con 68 pueblos indígenas distribuidos a lo largo del territorio nacional, los cuales se comunican a través de 364 variantes lingüísticas.
Aterrizando estos datos a la realidad local, Díaz detalló la riqueza humana de Chihuahua, un estado históricamente habitado por culturas milenarias que han resistido los embates del tiempo, la colonización y la marginación.
Los cinco pueblos de Chihuahua
El territorio chihuahuense es hogar de grupos originarios con identidades profundamente arraigadas:
- Rarámuri (Tarahumara): El grupo demográficamente más numeroso, conocido mundialmente por su resistencia física y su profunda conexión espiritual con las barrancas y bosques de la Sierra.
- Ódami (Tepehuán del norte): Asentados principalmente en el sur del estado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, poseen una rica tradición agrícola y organizativa.
- Warijó (Guarijío): Habitantes de las zonas de profundas cañadas en los límites con el estado de Sonora, guardianes de conocimientos ancestrales sobre la flora del desierto y la sierra.
- O'ob (Pima): Localizados en la región de Madera y Temósachic, una comunidad que lucha activamente por la preservación de su lengua y sus costumbres.
- N'dee (Apache): La histórica nación seminómada que habita las regiones fronterizas, cuya presencia ha sido finalmente reivindicada institucionalmente.
El histórico reconocimiento del pueblo N'dee
Durante su ponencia, Edith Díaz hizo especial énfasis en un hito histórico reciente para el estado de Chihuahua: la incorporación oficial del pueblo N'dee (Apache) como el quinto pueblo originario de la entidad. Este reconocimiento fue aprobado por el Congreso local apenas en junio de 2026, saldando una deuda histórica de más de un siglo de invisibilidad institucional.
El reconocimiento legal del pueblo N'dee representa un cambio de paradigma en las políticas públicas del norte de México. Durante décadas, este grupo fue considerado extinto o ajeno al territorio mexicano, a pesar de su presencia ininterrumpida y binacional. La investigadora destacó que esta reciente inclusión obligará a las instituciones estatales a rediseñar sus presupuestos, planes de estudio y programas sociales para abarcar a esta comunidad bajo el mismo paraguas de derechos que a los otros cuatro pueblos.
Marco jurídico y el derecho a una educación pertinente
La defensa de los pueblos originarios no se basa únicamente en la buena voluntad política, sino en un robusto marco normativo. Díaz abordó el marco jurídico nacional e internacional que protege a estas comunidades, haciendo referencia a normativas que exigen a los gobiernos respetar la identidad cultural, las lenguas originarias y las formas tradicionales de organización y autogobierno de las comunidades.
Como promotora de la educación, Díaz puso el acento en el acceso a una educación pertinente y de calidad. Subrayó que el sistema educativo no debe buscar la asimilación cultural de los niños y jóvenes indígenas, sino ofrecer un modelo bilingüe e intercultural que valore sus saberes comunitarios y les brinde herramientas para el desarrollo pleno en ambos mundos.
La responsabilidad de los futuros servidores públicos
Al estar frente a un auditorio compuesto mayoritariamente por estudiantes universitarios, la ponente concluyó su participación lanzando un poderoso mensaje a las futuras generaciones. Resaltó la inmensa responsabilidad que tendrán los próximos politólogos, administradores públicos, internacionalistas y comunicadores egresados de la UACH.
Díaz hizo un llamado a los jóvenes para que, una vez que asuman cargos en la administración pública o en la toma de decisiones, incorporen de manera transversal el reconocimiento y los derechos de los pueblos originarios. La verdadera transformación del estado de Chihuahua, concluyó, solo será posible cuando sus instituciones reflejen y respeten el mosaico cultural que le da identidad.
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