La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un contundente mensaje institucional para fijar la postura de su administración respecto a las estrategias de seguridad, enfatizando que el Gobierno del Estado mantendrá un combate frontal contra el crimen organizado utilizando toda la fuerza institucional disponible. Esta declaración surge en un momento de reajuste político y legal tras las recientes investigaciones que involucran a exfuncionarios de alto nivel en la entidad.
Durante su intervención, la mandataria estatal subrayó que la pacificación del territorio chihuahuense requiere de alianzas sólidas. Por ello, garantizó que existirá la mayor colaboración y cooperación posible con el Gobierno de México, así como con diversos socios estratégicos a nivel internacional. Sin embargo, Campos Galván fue enfática al delimitar que cualquier intervención, operativo o intercambio de inteligencia debe realizarse bajo el más estricto apego a la legalidad y respetando la soberanía nacional.
El marco legal de la cooperación internacional
El pronunciamiento de la titular del Ejecutivo Estatal se enmarca de manera directa en el proceso penal que actualmente enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno. Ante las dudas generadas sobre la participación de agencias externas en operativos locales, la gobernadora clarificó los lineamientos bajo los cuales debe operar cualquier fuerza del orden en Chihuahua.
“La cooperación con autoridades de otros países es legítima y muy necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre lo habíamos venido haciendo”, declaró la mandataria. Explicó que los mecanismos correctos para la intervención de agentes extranjeros o el uso de inteligencia internacional deben canalizarse obligatoriamente a través de los conductos institucionales establecidos, operando de manera coordinada con las Secretarías que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.
Esta directriz busca evitar que se repitan incidentes donde la cadena de mando o las jurisdicciones se vean vulneradas. La gobernadora aseguró que esta es la forma en la que actúa su gobierno de manera ordinaria y advirtió que es el estándar de conducta que exigirá, sin excepciones, a todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia que se encuentran bajo su cargo.
El caso del exfiscal César Jáuregui Moreno
La necesidad de aclarar los protocolos de cooperación internacional surge a raíz del polémico operativo llevado a cabo el pasado mes de abril en la comunidad de El Pinal, ubicada en el municipio de Morelos, una zona geográficamente compleja en la Sierra Tarahumara. Las investigaciones apuntan a que en dicho despliegue táctico hubo participación activa de personas de nacionalidad extranjera sin que existiera la autorización federal correspondiente, lo cual derivó en una serie de procesos judiciales sin precedentes en la historia reciente del estado.
Actualmente, la situación jurídica del exfiscal Jáuregui Moreno se divide en dos frentes legales de alta complejidad:
- Fuero Común (Estatal): A nivel local, el exfuncionario enfrenta un proceso penal por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Estas acusaciones se centran en el presunto uso indebido de sus facultades como titular de la Fiscalía para autorizar o tolerar la operación de elementos no acreditados legalmente en territorio estatal durante las acciones en el municipio de Morelos.
- Fuero Federal: Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado una causa penal distinta y de mayor gravedad. En el ámbito de su competencia exclusiva, la FGR acusa al exfiscal del delito de presunta traición a la patria. Este cargo federal, tipificado para sancionar actos que comprometen la soberanía y seguridad de la nación mediante la injerencia extranjera no autorizada, representa uno de los procesos judiciales más severos dentro del marco penal mexicano.
Colaboración total con la Fiscalía General de la República
Ante la magnitud de los cargos federales que enfrenta el ex titular de la procuración de justicia estatal, Maru Campos dejó en claro que no existirá ningún tipo de obstrucción institucional por parte del gobierno de Chihuahua. En su mensaje, señaló categóricamente que la administración estatal atenderá cualquier solicitud de información, peritaje o diligencia que sea requerida por la Federación en el marco de la ley y del debido proceso.
La separación de competencias es fundamental en este caso. Mientras las autoridades estatales desahogan las acusaciones relacionadas con la administración pública y el ejercicio de funciones, la FGR mantiene el control absoluto sobre la carpeta de investigación por traición a la patria, evidenciando una coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos ocurridos en El Pinal.
Compromiso con la seguridad de las familias chihuahuenses
El mensaje institucional concluyó con una reiteración del compromiso del Ejecutivo con la ciudadanía, buscando brindar certeza ante un panorama que involucra a quien fuera el principal responsable de la procuración de justicia en el estado. El combate a la criminalidad, afirmó la gobernadora, no se detendrá por procesos administrativos o penales contra exfuncionarios, sino que, por el contrario, obliga a las instituciones a fortalecer sus filtros de control y confianza.
“Vamos a seguir combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, con la mayor colaboración y cooperación posible con el Gobierno de México y con nuestros socios estratégicos y siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo este gran Estado de Chihuahua”, expresó Campos Galván, cerrando su intervención con un llamado a la estabilidad institucional y la confianza en el Estado de Derecho.
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