Fuero protege a Corral pese a delitos y orden de aprehensión

 

Javier Corral: Delitos imputados, fuero y conflicto político-legal

Noticias de Chihuahua

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, enfrenta un complejo entramado legal y político tras ser acusado por diversos delitos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. Sin embargo, su recién adquirido fuero como senador por Morena lo mantiene protegido de ser detenido, lo que ha intensificado la polémica entre la Fiscalía estatal y el entorno del exmandatario panista.

Delitos imputados y procesos abiertos

Corral es investigado por peculado agravado con un monto involucrado de 98.6 millones de pesos, por la contratación irregular de un despacho contable para reestructurar deuda pública en 2019, durante su mandato como gobernador (2016-2021). Según la Fiscalía de Chihuahua, el contrato carecía de sustento legal y fue aprobado con pleno conocimiento de su irregularidad, violando el Artículo 270 del Código Penal estatal.

También se le atribuye enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, tras detectarse la adquisición de una propiedad contigua a su residencia en Ciudad Juárez, no declarada y disfrazada como ampliación de su patio. El caso está bajo investigación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y podría llevar a su inhabilitación para ocupar cargos públicos si se comprueba la omisión.

Otro señalamiento en su contra es por uso ilegal de atribuciones y facultades, al estar vinculado indirectamente con la contratación irregular de deuda por 401.3 millones de pesos a través de su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, actualmente prófugo en Estados Unidos.

En total, se han registrado al menos 11 denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado, incluyendo cargos por “traición a la patria” y tortura.

Fuero constitucional como protección legal

Desde el 29 de agosto de 2024, Javier Corral rindió protesta como senador electo por Morena, accediendo a fuero constitucional que le otorga inmunidad procesal, impidiendo su detención sin un procedimiento de desafuero previo en el Senado.

A pesar de que una orden de aprehensión fue emitida el mismo día, esta no puede ser ejecutada mientras el fuero esté vigente. La Fiscalía de Chihuahua tendría que presentar una solicitud formal de desafuero ante la Cámara Alta, un proceso que puede demorar meses y está sujeto a criterios políticos.

Conflicto político y acusaciones cruzadas

Corral ha denunciado que las imputaciones son parte de una venganza política orquestada por la actual gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, a quien él investigó por su presunta participación en la “nómina secreta” del exgobernador priista César Duarte. Campos aparece señalada por recibir sobornos dentro de ese esquema.

La tensión escaló el 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaron detener a Corral en un restaurante en Ciudad de México. La Fiscalía capitalina impidió el arresto por considerar la orden ilegal, debido a la ausencia de un oficio de colaboración interjurisdiccional y la violación al Convenio Nacional de Colaboración entre fiscalías.

Estrategias legales y desgaste institucional

Corral ha promovido amparos judiciales y sostiene que no fue él quien firmó directamente el contrato cuestionado de 2019, sino la Secretaría de Hacienda estatal. También presentó denuncias contra Campos y el fiscal estatal Abelardo Valenzuela por intento de detención ilegal.

Mientras tanto, se cuestiona la falta de transparencia en los procedimientos de la Fiscalía, que no ha revelado detalles clave como los nombres de proveedores involucrados en el caso. La situación ha derivado en un desgaste institucional y en llamados a auditar la actuación de las fiscalías locales para evitar su uso con fines políticos.